Los 2.700 expedientes incautados en los diferentes allanamiento realizados por el Ministerio Público, aún no fueron devueltos a los juzgados de Paz de Capital según lo confirmado por uno de los investigadores del caso. Comentó que, estos documentos están siendo controlados de vuelta con las planillas de investigación que se ha instalado como técnica de investigación por la envergadura del caso.
El Ministerio Público sigue analizando los miles de expedientes incautados que ya fueron individualizados por la auditoría de la Corte Suprema de Justicia. Se realiza un trabajo minucioso con apoyo técnico para avanzar con la presentación de la imputación que debe contar con indicios suficientes para ser formulada.
El análisis de los casos va cerrando, pero, es de suma complejidad por existir concurso de hechos punibles, multiplicidad de hechos que fueron perpetrados por los actores salpicados por la mafia de pagarés que también son motivo de estudio por parte del equipo fiscal asignado.
Los fiscales realizan una puntillosa revisión de los expedientes por juzgado, a fin de asegurar la información, el contenido y las actuaciones de los intervinientes en estos casos, desde los jueces de Paz, funcionarios y abogados, para así corroborar la forma en que fueron tramitados estos casos en los juzgados de Paz de Capital, que, según el propio Jurado que también los investiga, existen resoluciones sin fecha y sin número, entre otras graves anomalías en el desarrollo de estos casos.
De moment,o son cinco los magistrados y exmagistrados que están bajo la mira del Ministerio Público se trata de los jueces de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, San Roque, Liliana González de Bristot, La Encarnación, Carmen Analia Cibils, Catedral, primer turno a cargo del juez Gustavo Villalba Báez y Catedral segundo turno a cargo de la jueza Nathalia Garcete Aquino.
Los fiscales asignados en esta causa además de Belinda Bobadilla son: Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes indagan la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de Capital.
La denuncia menciona que fue creada un esquema criminal para despojar de sus haberes a profesionales jubilados o activos por cuentas ya canceladas y con documentos que no cuentan con las mínimas exigencias para ser ejecutadas, sin embargo, ya sirvieron para los descuentos compulsivos.
También se agrega la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz y con el allanamiento realizado en el lujoso departamento ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se comprobó.
