Mafia de Pagarés: Juez de Paz de La Catedral dejó en indefensión a 88 personas

Según la reciente imputación presentada por el equipo fiscal que lleva el caso que salpica a varios juzgados de Paz de Capital, el juez Gustavo Villalba y sus funcionarios sin notificar a los demandados impulsaron 88 expedientes ejecutivos, sostiene la fiscalía.
 
El relato fiscal no varía en cuanto a la forma en que se desarrollaron estos juicios en las que se asentaban falsamente que, los afectados fueron notificados y que no se presentaron a reconocer sus firmas ante el juzgado y con ese informe falso, el juzgado ya ordenaba la continuidad de la demanda en al menos 88 expedientes tramitados en el juzgado de La Catedral a cargo del juez Villalba.
 
El Ministerio Público, ha formulado imputación en contra del juez Primer Turno de La Catedral, Gustavo Villalba; su actuario judicial Aaron Valdez, los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge Rene Montiel y el abogado Alejandro Valiente, quien impulsó las demandas en representación de la empresa Credisolución SAECA, así como el oficial de justicia Ronald Navarro, quienes se suman a los más de 60 imputados inicialmente en el marco de este proceso.
 
Según los investigadores Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, el juez Villalba habría firmado 88 resoluciones judiciales atentando contra el derecho a la defensa en juicio de los demandados, para facilitar o acelerar los trámites procesales, presuntamente, en complicidad con el actuario Aaron Valdez y los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge Montiel.
 
 
Los hechos punibles investigados son: prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
 
Según la investigación, en estos 88 expedientes judiciales se habrían dictado resoluciones en desapego a la ley, facilitando el avance de juicios preparatorios de acciones ejecutivas sin la notificación a los demandados.
 
Las diligencias habrían sido informadas como realizadas por los ujieres notificadores, cuando en realidad no se habrían practicado, situación que sería conocida por el abogado de la parte actora, el actuario judicial y el propio juez.
 
En cuanto al oficial de justicia, se le atribuye haber informado la ejecución de mandamientos de embargo en cuatro expedientes distintos, en el mismo horario y en ciudades diferentes, hecho que configuraría la falsedad documental.
 
Este proceso queda a cargo del juez Humberto Otazú, quien deberá admitir la imputación respecto a funcionarios y abogado e informar al JEM para suspender los fueros respecto a Villalba.