El juez Humberto Otazú resolvió posponer, por recarga laboral, la audiencia de imposición de medidas respecto a la jueza de Paz Nathalia Garcete, para el próximo 28 de mayo.
La jueza está imputada por prevaricato, en calidad de autora, dentro del esquema conocido como la mafia de los pagarés. La procesada se encuentra suspendida en sus funciones, al igual que otros colegas imputados en el caso.
Según el relato fiscal, Garcete habría dictado 97 resoluciones basadas en informes falsos de notificación a los afectados, como en la mayoría de los casos, cuando en realidad nunca se hizo partícipe al afectado de la demanda en su contra.
Se sospecha que la magistrada formaba parte de un esquema para defraudar a jubilados y funcionarios activos con pagarés, incluso por cuentas ya canceladas, y en algunos casos, con pagarés que no contaban con los mínimos requisitos para ser ejecutados.
La lista de imputados por el Ministerio Público llega a aproximadamente 70 personas, que integrarían este escandaloso esquema montado en el propio Poder Judicial, donde ha quedado al descubierto la grosera forma de tramitación de expedientes relacionados con juicios ejecutivos por parte de jueces de Paz hoy imputados, quienes habrían permitido que miles de expedientes estén depositados en empresas privadas.
Los fiscales buscan confirmar la sospecha sobre cómo fueron tramitadas las causas en los juzgados de Paz de la Capital, y si las actuaciones de los intervinientes jueces, funcionarios y abogados se ajustaron a derecho, para así corroborar la forma en que avanzaron estos casos. Según el propio Jurado, que también los investiga, existen resoluciones sin fecha ni número, entre otras graves anomalías en el desarrollo de estos procesos, como la falta de notificación al afectado, lo que constituye una violación del debido proceso.
De momento, son cinco los magistrados y exmagistrados imputados por el Ministerio Público: los jueces de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez; San Roque, Liliana González de Bristot; La Encarnación, Carmen Analia Cibils; Catedral, primer turno, Gustavo Villalba Báez; y Catedral, segundo turno, Nathalia Garcete Aquino.
Los fiscales asignados a esta causa, además de Belinda Bobadilla, son Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes investigan la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de la Capital.
La denuncia menciona que fue creado un esquema criminal para despojar de sus haberes a profesionales jubilados o activos, por cuentas ya canceladas y con documentos que no cumplen con las mínimas exigencias para ser ejecutados. Sin embargo, ya sirvieron para descuentos compulsivos en más de un juicio.
