Es la sesión plenaria de este miércoles la Corte Suprema de Justicia ha resuelto suspender con goce de sueldo básico a las juezas Carmen Analía Cibils del juzgado de Paz de la Encarnación y Liliana González de Bristot del juzgado de Paz de San Roque.
La máxima instancia remitió todos los antecedentes de ambas magistradas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM y al Ministerio Público. A la vez ordena un sumario administrativo respecto a Cibils y González de Bristot.
Es la primera medida de relevancia adoptada por la CSJ sobre un supuesto esquema criminal montado en complicidad con jueces de Paz de nuestra ciudad Capital.
Los funcionarios de las suspendidas juezas también están suspendidos y sumariados por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de: Martina Rivela Santacruz, Ricardo Ramón Cuevas, Nicolás Antúnez Tillería, Audrey Galeano, así como a Héctor Noguera, Óscar Frutos Meza, Guadalupe Almada, Patricia Leiva y Víctor Santacruz González.
Igualmente, la Corte Suprema ratifica la auditoría a los juzgados de Paz de Santísima Trinidad, La Recoleta y Villamorra, una vez concluida la investigación la máxima instancia estaría adoptando las medidas pertinentes.
Ante la grave denuncia que salpica a jueces y funcionarios de los juzgados de Paz de Capital, La Corte Suprema de Justicia había resuelto iniciar una auditoria de reacción inmediata a los juzgados afectados y la remisión de la nómina de los jueces y funcionarios a la Contraloría para el dictamen de correspondencia de sus bienes patrimoniales.
Tras los primeros informes la Corte tomó la decisión unánime de suspender a las juezas y Liliana González de Bristot del juzgado de Paz de San Roque, quienes junto con sus funcionarios quedan separados del cargo hasta una nueva decisión de la CSJ.
La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz.
La decisión de la Corte Suprema afecta a los juzgados de Paz de Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación de la Capital, quienes según la denuncia formarían parte de la estructura delictual.
Por resolución N° 1739, se ordenó la realización de una auditoría de reacción inmediata. La misma será supervisada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables.
Además, se dispuso la remisión de la nómina de todos los jueces de Paz de la Capital, así como de los funcionarios de los mencionados juzgados, a la Contraloría General de la República para la realización de un examen de correspondencia de bienes, en el marco de las investigaciones.
