El Ministerio Público, la querella y la defensa presentaron sus alegatos finales en el marco de un juicio oral y público que se sigue al médico José Enrique Ortiz por la muerte de la estudiante de último año de medicina Liz Noelia Sanabria, quien falleció a causa de un shock séptico.
La fiscal que lleva el caso Patricia Sánchez sostuvo en sus alegatos finales, que se probó durante el desarrollo del juicio oral y público sin lugar a dudas que el médico acusado José Enrique Ortiz debe ser condenado a a máxima pena de cinco años por homicidio culposo al realizar conductas descuidadas como médico tratante de la víctima, quien, a consecuencia de estas conductas contrarias al deber de cuidado, propició que la víctima falleciera el 20 de octubre de 2010.
Agregó que, el acusado en su posición de garante como médico de confianza de la familia y cirujano de la paciente estaba obligado a actuar con la debida diligencia para precautelar la vida y la salud de su paciente. Sin embargo, su conducta punible hizo que se tenga el desenlace que hoy lleva al Ministerio Público perseguir el castigo del profesional de blanco.
Explicó que, durante la primera cirugía llevada a cabo el 16 de octubre del 2010 a la paciente, el médico José Enrique Ortiz, fue el que lideró el equipo y el que llevó adelante la cirugía laparoscópica para la liberación de bridas y adherencias de la paciente, y es el único responsable del uso del electrobisturí monopolar y de la técnica quirúrgica utilizada en ese acto médico.
“Según se pudo observar en el video de la cirugía y según las explicaciones dadas por el perito médico, la doctora Margarita Aucejo, luego de unos minutos de haber iniciado la laparoscopía, el acusado José Enrique Ortiz primeramente perforó y luego seccionó la cara anterior del ciego de la paciente Liz Noelia Sanabria, que, si bien la perforación es un riesgo inherente a este tipo de cirugía, el acusado amplió los riesgos a través de conductas activas descuidadas”, relató en sus alegatos la agente fiscal.
Por su parte, el doctor Rubén Maciel, abogado querellante en la causa, señaló al tribunal que la familia de la joven no actuó de manera apresurada ante la trágica muerte de su hija, sino buscó los conductos institucionales para determinar primeramente si hubo negligencia y fue la Superintendencia de Salud la que ha determinado luego de una auditoría que la paciente no recibió la atención médica correcta en lo referente al tratamiento, dictamen contundente para la querella.
Además, sostuvo que el médico nunca documentó el corte del ciego y el procedimiento posterior para repararlo no fue consignado en ninguna parte del documento. A raíz de la infección generalizada la joven fue nuevamente sometida a una segunda cirugía tardía, pero, ya no se pudo salvar su vida y falleció el 20 octubre del 2010 a sus 25 años.
Por ese motivo, afirma la Fiscalía que la condena justa para el médico acusado es la de cinco años de cárcel, para enviar un mensaje claro de que en nuestro país quien actúa con negligencia y usa a su gremio como escudo y quien niega el derecho a la verdad y a la reparación, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.
El tribunal de sentencia lo preside el magistrado Juan Pablo Mendoza y lo integran los magistrados Darío Báez y Rosana Maldonado. La sentencia podría dictarse mañana viernes.
La diligencia se reanuda este viernes con dúplica y réplica de las partes.
