Para el juez penal de garantías de la capital, José Agustín Delmás, es necesario realizar una modificación de la sanción a ser aplicada para algunos hechos punibles que saturan el sistema penal, ya que ingresan diez a quince casos por día, por juzgado.
Por ello, sugirió modificar el marco penal relacionado con algunos tipos penales, para dar un mayor margen al magistrado para otorgar salidas diferentes al juicio oral, utilizando los institutos previstos en la ley y así evitar elevar a juicio oral todos los casos o, por lo menos, mayoritariamente para que no saturen esa etapa del proceso.
Comentó que otro de los aspectos fundamentales para aplicar estas salidas alternativas al juicio oral es el consentimiento de la víctima, ya que es la dueña del proceso y también debe sentirse resarcida con la salida que ordena la justicia.
“Tropezamos con el elevado marco penal como principal punto. Sería importante una modificatoria de ciertos tipos penales que le dé esa posibilidad al magistrado de otorgar una mayor cantidad de salidas procesales para descomprimir el sistema penal, especialmente de los colegiados que deben juzgar estos tipos penales. Tenemos cerca de diez a quince casos por juzgado ordinario, y si se elevan a juicio oral todos esos casos, el sistema seguirá saturado”, señaló el doctor José Agustín Delmás a Judiciales Net.
Agregó que su juzgado particularmente aplica las recomendaciones que surgen de la Oficina Técnica Penal (OTP) de no abusar con la aplicación de la prisión preventiva y utilizar esta medida solo como última ratio, y solo cuando exista el peligro de fuga, obstrucción y la falta de arraigo.
Otra de las sugerencias de la OTP que su juzgado aplica, siempre que la víctima lo acepte, son las salidas alternativas al juicio oral, ya que la víctima es la dueña del proceso al iniciarse la causa a instancia de ella.
Por último, dijo que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, debe encarar su política criminal en base al caso que lleva adelante. Además de asegurarse que la imputación cuente con todos los requisitos, con una descripción sucinta de los hechos, la identificación del imputado y el hecho que se le atribuye, entre otros aspectos. De lo contrario, el juez está obligado a no iniciar el procedimiento y devolver la imputación al Ministerio Público para corregir los defectos.
