Luego de varios intentos se inició este miércoles la audiencia preliminar para Ramón Jiménez Gaona exministro del Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, acusado por lesión de confianza por el fallido Metrobús.
La diligencia se desarrolla ante el juez Humberto Otazú, quien estableció dos días de audiencia para el desarrollo de la diligencia para luego decidir si el caso será debatido en la siguiente etapa de juicios oral.
Los fiscales Giovanni Grissetti, Yeimy Adle y Natalia Silva, son los representantes del Ministerio Público quienes sostienen la acusación contra Ramón Jiménez Gaona y otros exfuncionarios del MOPC.
El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio patrimonial millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Además de Jiménez Gaona, fueron acusados, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios.
El Ministerio Público, menciona en su acusación que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018.
El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.
Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron las obras sin contar con el diseño final de las mismas.
Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.
Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.
