La Sala Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación plateado por la defensa del acusado exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y otros acusados por el fallido Metrobús.
El juez Humberto Otazú debe fijar la próxima fecha de audiencia preliminar para Ramón Jiménez Gaona exministro de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, acusado por lesión de confianza por el fallido proyecto Metrobús.
El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Una recusación al magistrado impidió el desarrolló la audiencia donde se debe discutir si la causa debe ser elevada para el debate oral. Hoy, al quedar firme la competencia del juez del caso, queda allano el camino para esta diligencia.
La agente fiscal María Estefanía González, menciona que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018 contra los hoy acusados.
El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.
Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.
Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.
Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.
