Ministro pide a abogados particulares tomar casos pro bono de víctimas de pagarés

El ministro Eugenio Jiménez Rolón recordó a los abogados particulares que tienen la obligación legal de ejercer la representación gratuita hasta en tres juicios por año.
 
Ante los miles de afectados por la mafia de pagarés, cuyo origen radica en los mismos juzgados de Paz, el ministro sugirió a los abogados cumplir con la carga pública a la que están obligados legalmente.
 
El recordatorio del ministro surge luego de conocerse los miles de afectados por una red de estafa serial. La mayoría de las víctimas son personas de escasos recurso y es por ello que recuerda a los profesionales y también a la ciudadanía que pueden buscar a un abogado particular para pedirle que los represente gratuitamente en estos juicios.
 
 
“Creo que es oportuno hacer referencia a una cuestión que parece ser que está un poco olvidada y que está en plena vigencia. Los que tienen derecho a acudir a la Defensa Pública, también tienen derecho a elegir a un abogado matriculado porque es una carga pública establecida en nuestras leyes, que los abogados matriculados ante el Poder Judicial tienen que ejercer la representación gratuita en estos casos hasta tres veces por año, dice expresamente la ley”, señaló Jiménez Rolón.
 
El ministro aprovechó la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia para dirigirse a los abogados particulares para recordarles la obligación por ley de tomar estos casos de tanto impacto social.
 
El Ministerio Público indaga un esquema aparentemente montado en los propios juzgados de Paz de capital con la complicidad de jueces, funcionarios, casas comerciales y abogados quienes buscan cobrar pagarés en muchos casos por cuentas canceladas.
 
Inicialmente la fiscalía incautó más 2.700 expedientes, es decir, son 2.700 personas en cuyos juicios en la mayoría de los casos ni siquiera fueron notificados de sus demandas y los mismos avanzaron sin que la víctima del esquema tenga conocimiento del caso, hasta que le llegaban los embargos.
 
De momento existen cerca de 70 personas imputadas entre jueces, funcionarios, actuarios, ujieres, abogados y dueños de empresas de cobranzas sospechados de pertenecer al esquema delictual.