El juicio político a Sindulfo Blanco es nulo

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Ayer se inició el juicio político al Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sinduldo Blanco. El procedimiento se inició con la presencia de 25 miembros titulares de la Cámara de Senadores y todo induce a pensar que ese número no va a aumentar.


A mi parecer, el juicio político a los tres Ministros de la Corte se ha convertido en una tragicomedia, en la que resulta irrelevante o, por lo menos, secundario si los Ministros acusados incurrieron o no en las causales de mal desempeño de funciones que les atribuye la acusación presentada por la Cámara de Diputados.

Pero a todo lo ya manifestado, se agrega otro elemento de no menor gravedad, que me permito advertir para evitar el bochorno hacia el cual se está dirigiendo este procedimiento constitucional.

En efecto, el art. 225, segundo párrafo de la Constitución, establece claramente: “La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”.

La correcta interpretación del texto transcripto no ofrece dificultad alguna: la Constitución exige mayoría absoluta de dos tercios (30 de 45) no solo para condenar al acusado, sino también para juzgarlo en un procedimiento valido. Si el juicio político se inició con la presencia de 25 Senadores, evidentemente no existe el quórum para que el Tribunal Juzgador quede legalmente constituido.

Por el motivo expuesto, la sentencia absolutoria o condenatoria que llegare a ser emitida por la Cámara de Senadores, será inevitablemente nula, por el quebrantamiento de la aludida disposición constitucional.

A estas alturas de los acontecimientos, estoy aún más convencido que era recomendable que la Cámara de Diputados retire la acusación presentada, no solo por el grosero descarrilamiento de varios Senadores en cuanto a los motivos del rechazo del juicio político, a lo que ahora se agrega la notoria nulidad del juzgamiento, por culpa de esos mismo Senadores, que se niegan a cumplir la función que la Constitución les asigna.