Postura genérica sobre hechos de violencia familiar

Postura genérica sobre hechos de violencia familiar

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Daré una postura genérica sobre los hechos de violencia familiar y las legislaciones aplicables actualmente al respecto.


Tenemos que partir que tenemos una Constitución vigente a partir del año 1992 y un código penal  considerado garantista, Ley 1160/97 y una legislación procesal, ley 1286/98, estas dos últimas,  sufrieron una serie de modificaciones hasta la fecha. En tal sentido  el Art. 229, del código penal, castigaba en principio el siguiente comportamiento: Violencia familiar. “El que, en el ámbito familiar, habitualmente ejerciera violencia física sobre otro con quien conviva, será castigado con multa”.
 
Sobre el citado artículo, hay que resaltar las siguientes consideraciones: La norma exigía los siguientes requisitos: HABITUALIDAD en los actos de violencia, CONVIVENCIA, y que la violencia sea FISICA y el castigo era simplemente MULTA. Por el marco penal, tenemos que hablar de que nos encontrábamos ante un delito (hecho punible cuya expectativa de pena que no supera los cinco años).-
 
Ocurrió en nuestro país, que existieron casos de mujeres que denunciaron a sus parejas por actos de violencia, y que posteriormente y lamentablemente fallecieron por la repetición de estos actos. Con posterioridad a un caso, emblemático en su momento, de una conocido ex jefe de una barra brava, hubo un cambio legislativo, que constituyó una modificación del artículo 229 del código penal, endureciendo la pena, es decir, elevando la expectativa de penal de multa a dos años de pena privativa de libertad. Lo que se buscó es que con la nueva norma el ciudadano “se motive” para no cometer el hecho, cosa que tampoco fue la solución, ni dio resultados positivos. Está comprobado estadística y criminológicamente que el endurecimiento de las penas no reduce la criminalidad.-
 
No existiendo una “solución” al problema, nuestros legisladores nuevamente modifican el artículo 229, dándole un tinte diacrónico y para mi parecer inconstitucional, quedando la actual legislación como sigue, Ley 4268/12: “El que, aprovechándose del ámbito familiar o de la convivencia, ejerciera violencia física o síquica sobre otro con quien convive o no, será castigado con pena privativa de libertad de uno a seis años”.
 
A diferencia de la ley primigenia, avizoramos los siguientes cambios: La violencia no solo puede ser física, sino también síquica, es decir UNA SIMPLE DISCUSIÓN DE PAREJA puede configurar el delito, quita como requisito la CONVIVENCIA, es decir, el autor no necesariamente debe ser el esposo o el concubino, es decir, el novio puede caer bajo el ámbito de la norma, e incluso, para mi gusto da pie, como la ley no lo aclara, a que pueda también aplicarse a parejas del mismo sexo, aquí me gustaría aclarar que no tengo nada en contra de los homosexuales. Por otra parte eleva la pena privativa de libertad a 6 años, lo que convierte el hecho de delito a crimen por la expectativa de pena, y aquí tenemos un nuevo inconveniente jurídico.-
Existe una modificación del código procesal penal, específicamente la modificación del artículo 245, que prohíbe taxativamente a los jueces, otorgar medidas alternativas a los procesados por crímenes, es decir por hechos punibles cuya expectativa de pena supere los 5 años de pena privativa de libertad, como es el caso de nuestra actual legislación de violencia familiar. Es decir, que si aplicamos fríamente la ley, cualquier persona imputada por VIOLENCIA FAMILIAR, necesariamente debe guardar prisión preventiva en la cárcel, a las resultas del proceso.-
 
Nuestra Constitución Nacional y leyes penales son de tendencia GARANTISTA, en tal sentido la regla es la libertad y la excepción es la privación de la misma; de toda persona procesada, se presume su inocencia, hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario. Para nuestro gusto y la de muchos entendidos en la materia, estas modificaciones a las leyes penales que he citado fueron innecesarias y además son inconstitucionales, paso a continuación a fundamentar mi postura.-
 
ACLARO EN PRIMER LUGAR QUE NO ESTOY A FAVOR DE LA VIOLENCIA EN NINGUNA DE SUS FORMAS, pero todas estas modificaciones al artículo 229 del Código Penal, fueron para mi gusto innecesarias y elaboradas por analfabetos jurídicos que muchas veces y lastimosamente componen nuestras cámaras del congreso, en tal sentido, defiendo la redacción original, y para los casos graves, existe la posibilidad de aplicación de otros artículos como ser el artículo 105 (homicidio doloso ya sea consumado o en grado de tentativa) 110 (maltrato físico) , 111 (lesión)  y 112 (lesión grave, hecho consumado o en grado de tentativa) del código penal, además existe una legislación especial aplicable a los casos de VIOLENCIA DOMESTICA, que se tramitan ante los juzgados de paz, en donde el juez tiene la potestad de excluir a un miembro de la convivencia familiar, o restringir que este se acerque o realice un acto de violencia, que pasa con quienes incumplen un mandato judicial? Existe una ley que castiga actualmente EL DESACATO A UNA ORDEN JUDICIAL y prevé incuso pena carcelaria. El derecho penal debe ser la última ratio, es decir lo último que hay que aplicar en la vida para la solución de conflictos. El derecho penal es lo más invasivo a los derechos de los seres humanos, pues permite al ESTADO, ejercer una violencia sobre el ciudadano, privándola de su libertad, como profesional, critico la utilización desmedida de la prisión preventiva, nuestras cárceles están minadas de gente pobre, la cárcel, está comprobado que no es una solución al problema sino que es la fuente de más conflictos sociales.-
 
Criticamos además la constitucionalidad de la norma, que impide la aplicación de medidas sustitutivas en casos de crímenes. El juez debe aplicar la prisión preventiva, para casos excepciones y estrictamente necesarios, el artículo 242, prevé todas las situaciones, en que una persona que goza de la presunción de inocencia, pueda ser privada de su libertad, el primer inciso establece como requisito que se trate de un hecho grave, así que me parece innecesaria la modificación del artículo 245 que prohíba la aplicación en casos de crímenes, la modificación denota una gran ignorancia de normas penales de fondo y de forma.
 
Debemos tener mucho cuidado al examinar casos de  violencia familiar,  la actual normativa, envía prácticamente si o si a una persona a la cárcel mientras se encuentra procesada, es utilizada muchas veces como instrumento de chantaje, de ex parejas, que quieren cobrar venganza por resentimiento, generalmente por infidelidades, o utilizar los mecanismos legales para sacar grandes provechos económicos de sus ex parejas. Con la actual legislación se ha desnaturalizado el norte establecido por nuestra constitución nacional y el derecho penal.
 
Otros que se prestan al chantaje al ciudadano son nuestros jueces y fiscales, no generalizo, existen pocas y honrosas excepciones,  quien no sabe que acá en Paraguay venden sus conciencias al mejor postor y se prestan para extorsionar a los ciudadanos, ¿Quién es la persona que en su sano juicio quiere ir a pisar una cárcel, para demostrar, allí desde adentro, su inocencia? así, viéndose el ciudadano compelido por normas injustas y un sistema cruel, en vez de hacer valer sus derechos y denunciar, se presta a desembolsar fuertes sumas de dinero, a cambio de no ser privado ilegítimamente de su libertad.-
 
Si bien, no quiero opinar en este momento, sobre el fondo de la cuestión, del caso de Cecilio Dominguez, me parece injusto que se quiera privar a este ciudadano de su libertad, por medio de esta ley injusta e inconstitucional, si bien, nobleza me obliga a confesar mis amores por el club “rival”, considero al citado jugador un ídolo nacional, de reconocida trayectoria en nuestro medio, y me pregunto entonces, que necesidad  existe de privarlo de su libertad mientras dure el proceso? Como puede no someterse a la justicia, una persona pública, que todo el mundo sabe dónde y cómo ubicarla, ¿puede existir el peligro de fuga establecido en el artículo 242 del Código Procesal Penal?, la respuesta es simple y es NO.- 
 
Como profesional critico la utilización desmedida y sistematizada sin analizar los casos en concreto de la prisión preventiva, nuestras cárceles son una vergüenza, que no cumplen las finalidades establecidas en la Constitución Nacional, lejos de readaptar a los ciudadanos como lo pregona el código, termina destruyéndolos, y creando más problemas sociales. Es la cárcel la solución a la delincuencia? la respuesta también es no, deberían buscarse soluciones estructurales y de fondo, al conflicto delictivo, no se limpia una casa escondiendo la basura bajo la alfombra.-