Por chicanear en su causa, revocan medidas a acusada

La jueza Lici Sánchez declaró en rebeldía a una de las procesadas y le revocó sus medidas.

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El proceso por estafa a la SET se inició en el 2013, hay 12 acusados y uno con pedido de sobreseimiento definitivo.


La jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, revocó las medidas alternativas a la prisión de una procesada en el caso de una millonaria estafa a la Subsecretaría de Estado de Tributación, debido a las chicanas impulsadas por ella y sus abogados con el fin de trabar el desarrollo del proceso.

Asimismo, la declaró en rebeldía y ordenó su captura. Se trata de la señora Elva Ignacia Cristaldo, representante de una de las tres conocidas como Empresas de Maletín o empresas fantasmas que se beneficiaron con la venta irregular de créditos fiscales, situación que ocasionó un perjuicio al Estado de G 51 446 179 492.

En su resolución, la magistrada destaca la “conducta obstruccionista” de la acusada que demuestra son su actitud “su no sometimiento al mandato de la justicia, ya que tanto ella como sus defensores han impulsado incidentes para trabar el desarrollo del proceso”.

Ella es una de las 13 personas procesadas por haber formado parte de un esquema para cometer estafa a través de la generación irregular de créditos fiscales y su posterior venta a dos contribuyentes, Cooperativa Colonias Unidas y Cervepar S.A., que son querellantes adhesivos en la causa.

Lo que colmó el vaso fue la última actitud desplegada por la acusada ayer cuando se intentó realizar la audiencia preliminar. A las 8:00 se presentó el abogado Julio César Rodríguez a solicitar la intervención en la causa por la señora y le revoca poder (atribución que no le corresponde) a los anteriores defensores. Además, pide copias de los más de 40 tomos entre expediente y carpeta fiscal y la suspensión de la preliminar.

Los abogados a quienes el nuevo defensor les revocó poder ya no se presentaron a la convocatoria. Ante esto, la magistrada les canceló la intervención, ya que debían estar presentes, puesto que aún no se le había reconocido la personería a Rodríguez.

La jueza le preguntó a la procesada si deseaba un defensor público para que la asista durante la audiencia, ella respondió que no y que le ratificaba el poder a los abogados a quienes se les había cancelado la intervención.

Por otra parte los coprocesados Diego Manuel Del Puerto, Víctor Daniel Soler, Luis Alberto Romero Torres, Fabio Gabriel Gaona, Pedro Augusto Guillén Tellechea, Valentín Antonio Acosta, César Osvaldo Monín Martí, Antonio Federico Soler y Silvia Antonia Cristaldo no se presentaron a la audiencia y tampoco justificaron su inasistencia.

Por este motivo, la jueza Sánchez los declaró en rebeldía y ordenó la captura de todos ellos.

ACUSADOS. Gabriel Fabio Gaona (funcionario de la SET, asignado al Departamento de Análisis y Diseño), Pedro Augusto Guillén (funcionario de la SET), Diego Manuel Del Puerto, Jorge Andrés Gallo, Silvia Antonia Cristaldo, Antonio Federico Soler (funcionario de la SET) y Víctor Daniel Soler están acusados de estafa mediante sistemas informáticos y estafa, además de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

En tanto que César Osvaldo Monín Martí y Luis Alberto Torres Romero están solo por estafa (cobraban los cheques emitido por las empresas que compraron los créditos fiscales).

Valentín Antonio Acosta, por su parte, está acusado por asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, estafa y estafa mediante sistemas informáticos.

Por último, Elva Ignacia Cristaldo e Idelfonso Simón Cañete están por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. La mujer está acusada, además, por estafa y tentativa de estafa.

Pedro Alcides Báez tiene pedido de sobreseimiento definitivo. La fiscala de la causa es Lorena Ledesma.

CAUSA. Entre octubre y diciembre de 2013 los funcionarios de la SET se pusieron de acuerdo y realizaron modificaciones en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, en la cuenta de tres firmas que solo existen en los papeles, ODV Ingenier Mecatronic Server SRL, Doris S.A. y DNV SRL, y de esa forma generaron créditos fiscales a favor estas empresas, violando los trámites establecidos para el efecto.

Una vez generados estos créditos irregulares y al poder ser visualizados por los contribuyentes dentro del Sistema Marangatu, se informa esta disponibilidad a Elva Cristaldo e Idelfonso Cañete (representantes de la firma fantasma ODV SRL) y estos, a su vez, se lo comunicaron a Jorge Andrés Gallo, a fin de que inicie las negociaciones para la compra de los créditos. Para ello firmaron un contrato en el que se estableció que ambas partes tendrían cada el 50 % de lo recadado.

Posteriormente, Gallo se presentó como intermediario para las negociaciones por parte de la empresa OVD a la Cooperativa Colonias Unidas por la suma de G 13 265 000 000, que llegó a abonar el 90 % del total.

Luego, actuó como intermediario de la empresa Doris S.A. y le vendió a la misma cooperativa créditos por G 16 334 473 500. Esta abonó el 90 %. Por último, se presentó por la empresa DNV SRL y le vendió a Cervepar S.A. por la suma de G 14 000 000 000; esta abonó el 92 %.

El perjuicio total supera los G 51 000 millones.

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Milner Núñez (Noticias)
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