El nivel de saturación de los procesos penales en los tribunales de sentencia sigue siendo un problema que no se ha podido resolver con el tiempo. Esta situación mantiene saturadas a dichas instancias y compromete seriamente tanto el tiempo como la calidad de las defensas en juicio.
Solo para este lunes se han agendado 31 juicios orales. Las audiencias se desarrollan durante escasos minutos para que los tribunales puedan ingresar a los otros juicios fijados, con el objetivo de cumplir con las partes citadas para estas diligencias.
Desde hace años, la saturación de los procesos en esta etapa genera inconvenientes no solo para los tribunales colegiados, sino también para los abogados litigantes —públicos o privados— que deben participar en múltiples juicios, muchas veces por breves lapsos, para luego acudir a otras diligencias. Lo mismo ocurre con los fiscales que intervienen en estos casos.
La inmensa cantidad de procesos por hechos considerados bagatelarios sigue siendo el principal inconveniente para los tribunales, que deben iniciar estos juicios y llevarlos adelante junto con otros casos que sí tienen relevancia penal y que deberían contar con toda la atención del tribunal.
Si bien la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llevado adelante numerosas iniciativas para reducir la elevación a juicio de casos que podrían resolverse mediante otras salidas procesales, esto no ha logrado disminuir la cantidad de causas que llegan a esta etapa. A ello se suma la escasa cantidad de tribunales colegiados, que no dan abasto para responder a la gran cantidad de procesos que se elevan.
La criminalidad ha aumentado, pero la cantidad de tribunales de sentencia designados para esta etapa no ha crecido en proporción al número de causas, que se han incrementado exponencialmente en los últimos tiempos. Esto genera una sobrecarga laboral para todas las partes de un proceso penal.
Si bien existen tribunales que respetan cabalmente la labor de los abogados, también hay otros que no dudan en declarar el abandono de la defensa por no esperar cinco o diez minutos a que el abogado llegue de su primera audiencia —que corresponde a la continuación de un juicio— a otra que debe iniciar o continuar.
