Sobreseídas definitivamente las imputadas en el caso SEK

El Juzgado Penal de Garantías de Lambaré, a cargo de la magistrada Isabel Bracho, dictó el sobreseimiento definitivo de Carolina Urbieta de Villate, María Gabriela Santiviago Rivarola y Olga María Feltes Ochoa, respecto a la investigación por presunta violación del deber de cuidado o educación, frustración de la persecución y ejecución penal, y violación de la Ley Nº 6202/2019.

Las hoy sobreseídas, funcionarias del colegio SEK, fueron investigadas tras la denuncia presentada por la madre de un alumno de seis años. Según la imputación, las procesadas habrían omitido la aplicación de guías y protocolos establecidos por el Ministerio de Educación ante una sospecha de abuso sexual hacia un niño, presuntamente cometido por estudiantes de grados superiores.

La justicia declaró la extinción de la acción penal. Además, el fallo destacó que la fiscalía no solicitó la reapertura del caso tras el sobreseimiento provisional que ya se había dado anteriormente, lo que consolidó la decisión judicial.

La magistrada señala en su decisión que, en virtud de las normativas vigentes, y en razón de que ya ha transcurrido más de un año desde que se dictó el sobreseimiento provisional, corresponde declarar la extinción de la acción penal por haberse vencido el plazo para la reapertura y porque la fiscalía no lo requirió.

El abogado defensor Álvaro Arias dijo que sus clientes fueron procesadas y enviadas a prisión injustamente, y una vez firme el fallo, analizarán cuáles serán las estrategias legales a seguir.

«Vamos a esperar que quede firme y después evaluaremos qué actitud tomaremos con respecto a esta situación porque son personas que estuvieron imputadas, procesadas, privadas de su libertad con prisión preventiva, con una exposición muy alta ante la sociedad. Hoy día están absolutamente desvinculadas y con el sobreseimiento definitivo», señaló Arias.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el supuesto abuso habría ocurrido el 26 de abril de 2022. Entre las pruebas consideradas se incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de responsables dentro de la institución educativa.
 

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