Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia.
Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.
Por tanto, el tribunal condenó a 10 años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo. Igualmente se revocó las medidas y ordenó su inmediata remisión al penal de Tacumbú.
Jugaron con la plata del dinero del pueblo paraguayo, desembolsaron un millón de dólares sin tener ningún legajo de las supuestas obras. Ni siquiera se presentó el convenio de cómo se iban a realizar las 14 obras que ya existían antes, afirmó la jueza Karina Cáceres.
Según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos de la gobernación y fue quien se quedó con la plata de la gobernación.
“Concretan y realizan varias resoluciones, el 28 de diciembre del 2020 se recibió la transferencia de la emergencia sanitaria 5.105 millones, es así que el 20 de diciembre un día después de recibir los fondos por parte de hacienda, Hugo Javier González y la secretaria de la gobernación emitieron dos resoluciones a favor de la fundación CIAP usando los fondos COVID para construcción y mantenimiento de espacios público de Central.
Se firmaron las órdenes de pago sin ningún documento respaldatorio. Hugo Javier González en su carácter de gobernador presentó documentos ante la contraloría que no se corresponden con el uso del dinero público, usó facturas falsas y facturas de contratistas que ya habían realizado trabajos a la gobernación, usaron un correo falso para la primera rendición de cuentas. Tienen que tener la absoluta tranquilidad y garantías que, este tribunal se tomó la molestia de revisar papelito por papelito cómo se perpetró los hechos y que fueron probados en juicio para el tribunal. Las obras no fueron hechas con los fondos Covid”, señaló Karina Cáceres presidenta del tribunal de sentencia.
Además de Hugo Javier fueron condenados: Javier Rojas a 2 años, Luis Allende a 2 años con suspensión, Lourdes Lezcano a 2 años con suspensión, Modesta Valiente Escobar a 2 años con suspensión y Miguel Ángel Robles a 10 años de pena privativa de libertad.
La fiscalía pudo probar con documentos, pericias y la declaración de testigos el desembolso irregular de 5.105 millones guaraníes, dinero que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de maquillar las mismas para justificar los desembolsos según el tribunal de sentencia.
El tribunal de sentencia está integrado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.
