El juez penal de garantías Eduardo Manuel Agüero de Concepción, ordenó una pericia sobre un anticipo jurisdiccional de prueba donde las víctimas relataron lo sucedido y está ofrecido como prueba para un eventual juicio oral y público.
La grave denuncia fue realizada por el ministro encargado de la circunscripción Eugenio Jiménez Rolón, quien expuso la cuestionada decisión del magistrado quien no solo pone en tela de juicio las manifestaciones de las víctimas sino las expone a una revictimización, según expresó.
“Ordena una curiosa realización de pericias con la finalidad de realizar un contra examen de las pruebas ya colectadas. Pretendiendo una pericia psicológica que determine la credibilidad del testimonio de las víctimas, para establecer la credibilidad de la prueba, una especie de prueba de la prueba, esto va contramano con el principio de la revictimización de personas en estado de vulnerabilidad”, manifestó indignado el ministro Jiménez Rolón.
Tras escuchar la grave denuncia, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría de gestión en el despacho del juez Agüero, quien según la ministra Carolina Llanes desconoce el manejo de la teoría de la prueba.
Que, el anticipo jurisdiccional de prueba es un relevamiento de información irrepetible, rodeada de todas las garantías, que debe ser valorado en la etapa oportuna como un juicio oral y público dijo Llanes.
El ministro Alberto Martínez Simón, fue más allá al manifestar que el juez con lo decidido pretende delegar la facultar del juez de valorar las pruebas.
Alarma que un integrante del sistema de justicia tome este tipo de decisiones en causas tan sensibles como un caso de abuso sexual en niños donde las víctimas no solo pasaron por el tormento de ser víctimas de una grave vulneración, sino pasar por un tortuoso proceso de declaración y exámenes de todo tipo como para que un juez ponga en duda lo que han manifestado en cámara Gesell o ante el Ministerio Público.
